Con batería de abogados el PNP, ante amenaza de populares con violar derechos de electores


Villafañe lamenta que estén buscando excusas para no aceptar la inminente derrota electoral

Hato Rey, Puerto Rico (31 de octubre de 2016)- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), licenciado William Villafañe, reaccionó hoy a las denuncias realizadas por el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Echevarría Vargas, quien acusó al PNP de violar la Ley Electoral y traer a la Isla electores no domiciliados en Puerto Rico para que participen en las elecciones del próximo 8 de noviembre. 

“En momentos cruciales en que el país está esperando propuestas y soluciones por parte de sus candidatos, David Bernier y su liderato buscan entretener a la ciudadanía y amedrentar a los electores hábiles para ejercer su derecho al voto. Están perdidos y desesperados. 
Ante la inminente derrota que tendrá el PPD en las próximas elecciones hacen denuncias que sin duda no tienen ningún fundamento”, expresó Villafañe. 

Villafañe manifestó que cualquier elector inscrito y con domicilio en Puerto Rico tiene derecho a ejercer su voto y no hay nada en la Ley Electoral que lo impida. Recordó que dicha ley impide recusar un elector por domicilio al momento de presentarse a emitir su voto. 

“El artículo 6.004 de la Ley Electoral establece que el domicilio de un elector es donde giren principalmente sus actividades personales y familiares, o en la cual hayan manifestado permanecer. 

Hay muchos puertorriqueños que han tenido que buscar el pan en diferentes estados de nuestra nación por la falta de oportunidades y de seguridad que el Partido Popular creó en Puerto Rico. Si todavía mantienen sus actividades personales y familiares en Puerto Rico siguen estando domiciliados en Puerto Rico por lo que se les tiene que garantizar su derecho fundamental al voto”, sostuvo. 

Advirtió a Bernier y todo el liderato del PPD que el PNP velará por cada voto que ejerza el pueblo de Puerto Rico en su pleno derecho de elegir el mejor candidato para reconstruir esta Patria, y que se respetará la voluntad del pueblo. Indicó que PNP también tiene listo un ejército de abogados que garantizarán que el proceso electoral se lleve a cabo como ordenan las leyes en la isla. 

“Sabemos que el pueblo dará un respaldo masivo hacia la candidatura del Dr. Ricardo Rosselló”, culminó Villafañe.

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Rosselló asegura revertir crisis, hacia un desarrollo económico

Problemas de Raíz

La debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe a una serie de problemas de raíz, profundos y estructurales, que llevan manifestándose por varios años, y en algunos casos, por varias décadas. 
Esta claramente establecido que la situación se ha empeorado a niveles alarmantes e insostenibles a partir del 2013.

Las políticas fallidas y acciones erradas de la administración actual, en conjunto con la falta de liderazgo y capacidad para enfrentar la crisis fiscal y socioeconómica, no han permitido que Puerto Rico logre reactivar su economía, pueda poner sus finanzas en orden ni pueda encaminarse hacia un desarrollo social y económico sostenible a largo plazo.

Dentro de los múltiples factores que se han identificado como raíces o causas de los problemas más fundamentales de la sociedad puertorriqueña, se pueden destacar los siguientes:
1. Desbalance entre recaudos y gastos

2. Colapso Económico

3. Pérdida de Credibilidad

4. Gobierno deficiente en su función

5. Obstáculos a la colaboración con otros sectores

6. Incapacidad de desarrollar y proteger el recurso humano

7. Relación colonial con Estados Unidos

Estos problemas de raíz responden a que tenemos un gobierno disfuncional, ineficiente y burocrático, que gasta más dinero y recursos de lo que recibe o produce. 

Por un lado, tenemos un sistema económico centrado en el gobierno, en lugar de la producción. Por otra parte, tenemos un sistema contributivo desbalanceado, obsoleto y confiscatorio, que desalienta el crecimiento económico y promueve la economía informal. Es un gobierno con una grave falta de credibilidad y transparencia en todos los asuntos gubernamentales, que afecta al pueblo puertorriqueño. 

Nuestro desarrollo económico se ha estancado porque hemos basado nuestra capacidad en atraer capital casi exclusivamente en incentivos contributivos. También, el costo de hacer negocios en Puerto Rico es significativamente alto, lo que limita nuestra capacidad para competir a nivel global y atraer nuevo capital. 

El costo de la energía eléctrica, las leyes laborales anticuadas o anacrónicas y un sistema de evaluación, otorgación y fiscalización de permisos deficiente y antagónico al progreso económico, afectan la creación de nuevos negocios.
 

Los efectos de estos problemas de raíz trascienden el asunto puramente económico, ya que la desigualdad que crea ubica en niveles de pobreza a la gran mayoría de la población y es la principal causa del éxodo masivo de puertorriqueños a Estados Unidos continentales. 

Esto, a su vez, crea una condición de marginación a las poblaciones vulnerables, particularmente a la mujer, que se ha demostrado lleva la mayor carga en la sociedad puertorriqueña. 

Dirección Fiscal y Económica


Un buen modelo de desarrollo económico para la Isla descansa en varias premisas fundamentales relacionadas al ámbito fiscal y el manejo de las finanzas públicas:
1. El gobierno no puede gastar más de lo que ingresa.
2. El gobierno debe invertir en tecnología para lograr total transparencia en cuanto al manejo de datos económicos e información financiera, además de implementar un sistema de monitoreo, control y fiscalización de todo el aparato  financiero público, incluyendo la recaudación de impuestos y la aplicación de los distintos incentivos contributivos y económicos.
3. La función del gobierno es fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo económico. 
4. Para que Puerto Rico sea competitivo, es necesario reducir las tasas corporativas de las contribuciones sobre ingresos, con especial énfasis a las PyMES. También es necesario eliminar o reducir las contribuciones de negocio a negocio (B2B) para los bienes y servicios.
5. En la medida que sea posible, se deben bajar las contribuciones sobre ingresos para los individuos, y reducir el IVU/IVA.
6. Es necesario evaluar los incentivos y el trato contributivo a otros sectores como el turismo, la exportación de servicios y los inversionistas residentes.  
Estos sectores son esenciales para reactivar la economía de la Isla. Sin embargo, es importante que los incentivos actuales redunden en beneficios tangibles para allegar fondos al fisco y promover el desarrollo económico de manera más amplia, balanceada y diversificada.
7. Los incentivos contributivos y económicos (dinero en efectivo, tasas contributivas preferenciales, subsidios, créditos, préstamos, etc.) deben estar dirigidos a lograr que Puerto Rico finalmente haga una transición hacia la economía del conocimiento, balanceando estratégicamente e inteligentemente la inversión de capital externo con el ecosistema de creación de empresas locales, fomentando la continua transferencia de innovación y tecnología entre ambos.

La Crisis Fiscal

El Gobierno de Puerto Rico ha acumulado una deuda de sobre $73,000 millones (sin contar la deuda de los sistemas de retiro y otras, que aumentan el total a unos $140,000 millones) y desde el 2014 tiene una calificación crediticia por debajo del grado de inversión o “chatarra”.

La deuda de por sí no es negativa si se usa para invertir en obra permanente y proyectos que generan un retorno económico y social, pero es nefasta si se utiliza para pagar déficits operacionales. Las casas acreditadoras han citado las siguientes razones para emitir la clasificación de “chatarra”:
1. Debilidad de la economía

2. Limitados prospectos de recuperación en el corto plazo

3. Falta de transparencia, consistencia y confianza en la gestión fiscal de la actual administración.

La falta de acceso al mercado de bonos municipales institucional, junto a las condiciones y tasas usureras que exigen los fondos de inversión de alto riesgo o de cobertura, son el más claro indicador de la falta de confianza en la gestión fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esto se agudiza con el gobierno actual que claramente no tiene la capacidad ni el liderazgo para atender la crisis fiscal, ni mucho menos para encaminar a Puerto Rico por la ruta del progreso y el crecimiento económico.

 

Por otro lado, existe mucha incertidumbre en cuanto a cómo se va atender la crisis fiscal, aún con la recién creada Ley de PROMESA. Asuntos tales como las finanzas de las corporaciones públicas, la deuda a los suplidores y el grave problema con los fondos de retiro representan un gran reto para la próxima administración que entre en funciones en enero del 2017.  

Por lo tanto, existe una posibilidad bien alta de que el Gobierno de Puerto Rico no tenga suficiente liquidez para financiar sus operaciones a corto y mediano plazo durante los primeros meses del 2017. Sin embargo, el Programa de Gobierno contempla directamente esta situación y asume el reto.

Falta de transparencia en el Gobierno 

La falta de transparencia del Gobierno incide negativamente sobre los procesos y la toma de decisiones gubernamentales. 

Parte de la problemática es que los sistemas de contabilidad, finanzas y recursos humanos del gobierno no están integrados y han sido suministrados en primera instancia por un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios distintos, empeorando las posibilidades de integración futura de manera costo-efectiva. 

Todo esto aporta a la realidad histórica de un gobierno que opera sin la presión o urgencia de rendir cuentas a la sociedad, a quién le debe servir y responder por sus acciones y decisiones.

Puerto Rico necesita un modelo de gobierno que promueva resultados medibles, concretos y verificables a corto, mediano y largo plazo. También debe promover que sus funcionarios y gestores encargados de implementar el modelo respondan y se responsabilicen por sus acciones. Esto debe aplicar, tanto en el gobierno como en las entidades y empresas que colaboren con el esfuerzo social-gubernamental.

Rosselló no tolerará la corrupción

Plan Gerencial Anticorrupción: Cero Tolerancia


La corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad. Ante las políticas públicas fallidas de pasadas administraciones en torno a la lucha en contra de la corrupción en Puerto Rico, nos encontramos con un problema serio y delicado.


Estamos en uno de los peores momentos en el que la ciudadanía ha perdido la confianza en el Gobierno. Este mal socava la confianza del individuo en las instituciones y es susceptible de destruir el esfuerzo colectivo-grupal de una organización meramente por la conducta de uno de sus miembros. 


La corrupción que más permea es la política, la cual puede tener diferentes variantes, pero todas se basan en el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada.


Los tipos de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el quid pro quo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo.

 

La corrupción facilita o desemboca a menudo en otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero y la prostitución, aunque no se restringe a estos crímenes organizados. 

Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción y mal uso de fondos públicos.

La modalidad de corrupción más conocida en Puerto Rico es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público y donde usualmente median otorgamientos de contratos.

La mayoría de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, caen dentro de esta categoría. 

Pero la corrupción no solamente se da en el proceso de contratación de servicios y lo más probable es que muchos actos corruptos nunca son conocidos. 

Aunque la corrupción tiende a asociarse con transacciones de dinero, las transacciones monetarias son solo una expresión de ciertos actos de corrupción donde está de por medio el uso de propiedad pública y fondos del gobierno.

 La lucha en contra de la corrupción será prioridad de nuestra administración, aumentando los esfuerzos para encausar efectivamente a todos los individuos o entidades involucrados en esta práctica, pero a su vez, manteniendo una visión que permita implantar medidas preventivas en esta lucha. 
 
Estableceremos un modelo que integre los recursos disponibles y que sea sostenible para un nuevo gobierno funcional. 

Nuestro enfoque es la prevención y a su vez, atacar y corregir las diferentes clases de corrupción, con el propósito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico, implementando un nuevo sistema de gobierno de cero tolerancia contra estos actos, teniendo como norte los valores, los principios y las mejores prácticas a nivel mundial.

 Nuestros  objetivos estratégicos son:

  • Cero tolerancia. 
  • Prevención y disuasión.
  • Construcción de una ciudadanía educada y con un nuevo enfoque cultural.
  • Cultivar la confianza en el Gobierno de Puerto Rico.
  • Desarrollar planes de Riesgos y Mitigación.
  •  Enfoque sistémico. 
  •  Formación y reformulación de valores. 
  • Fortalecer organismos de control.
  • Procesamiento agresivo. Fortalecimiento de la Fiscalización y Control Interno.
  • Innovación Tecnológica en la Prevención y la lucha en contra de la Corrupción.
  • Integración y participación de personas no relacionadas al gobierno. 
  • Planes a corto y largo alcance para atacar el problema de raíz. 
  • Simplificar la estructura gubernamental y organizacional.
  • Transparencia de todo el gobierno.
  • Apoderamiento del servidor público

Nuestra meta es lograr un cambio cultural de cero tolerancia a la corrupción. Para lograrlo, es necesario implementar una serie de iniciativas que ataquen el problema desde distintos frentes: contratación de servicios, proceso y otorgación de subastas, compras, otorgación de permisos, resolución y adjudicación de controversias, en fin, todas las áreas del quehacer gubernamental. 

Debemos además, fomentar ese cambio cultural en la mente de todos los componentes del Gobierno, desde la persona que recibe el servicio gubernamental, el servidor público o contratista que brinda el servicio, los oficiales electos, los nombrados el Gobernador, hasta la Oficina del Gobernador mismo. Para ello hemos desarrollado varias iniciativas dirigidas a erradicar el mal de la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad.

Entre las iniciativas que constituyen pilares y que son indispensables para promover la ética y prevenir la corrupción, están las siguientes:


Cultura de Transparencia y Prevención de Corrupción 

Provocaremos un cambio cultural en la sociedad puertorriqueña. Fomentaremos una política pública enfocada en la educación y reforzando valores como la honestidad, dignidad, compromiso, responsabilidad, respeto, empatía, sensibilidad, solidaridad, igualdad y justicia.

Estos valores serán compartidos por todas las instituciones públicas y funcionarios, unidos al sector privado. 

Es necesario trabajar en la promoción de buenas conductas y valores que contribuyan y fortalezcan la sana convivencia de la población y acabar con el inversionismo político. 

El modelo de prevención de corrupción y transparencia dictará la política pública de nuestra administración la cual se caracterizará por ser universal, especializada, clara, transparente, eficiente y efectiva. 

Este modelo es parte del nuevo gobierno que estableceremos, promoviendo controles, prevención y auditoría con el fin de contribuir a la sana convivencia ciudadana. 

 El Gobernador comenzará dando el ejemplo, como sabemos, la Oficina del Gobernador ha sido señalada por malos manejos de sus propiedades, tales como palcos, casa de playa, entre otros. 

En nuestra administración, el Gobernador dispondrá de esas propiedades para que rindan un servicio directo y provechoso al Pueblo. Serán utilizados para fines educativos, artísticos, diplomáticos, culturales y turísticos

Detección temprana 

Con este modelo se busca la educación, capacitación y detección temprana para evitar los posibles actos de corrupción en el sector público, así como en el privado.

 Para desalentar y combatir este problema debe ser enfocado desde la perspectiva multidisciplinaria, por lo que desarrollaremos una unidad dedicada al estudio continuo de áreas propensas o de alta incidencia de corrupción en las distintas ramas del gobierno. 
 

El apoyo técnico y fiscal juega un papel importante en modernizar y mejorar la habilidad del gobierno en combatir efectivamente la corrupción.  Por lo que se debe incluir la tecnología en los procesos. 

    Armonización de entes reguladores 
Conociendo la existencia de lagunas y desfases entre las leyes habilitadoras de los entes fiscalizadores es necesario la revisión de estas y armonizar las mismas, además de presentar leyes que permitan el fácil acceso a los servicios del Gobierno. 

Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico



Estableceremos una nueva ley para crear un código que recoja la política pública del gobierno en torno a la corrupción.  Es imperante que se recojan en un mismo documento de manera clara y universal las medidas que se estarán tomando para una sana, confiable y transparente administración gubernamental. 

Un mensaje claro de que la corrupción no será permitida y que serán encausadas y penalizadas todas las personas que cometan actos corruptos. 

Oficina de Prevención de Corrupción y Transparencia
La creación de un organismo adscrito a la Oficina del Gobernador, encargado de la implementación de la política pública anticorrupción. Esta oficina estaría coordinando y maximizando la gestión, esfuerzos y recursos de los organismos encargados de trabajar en contra de la corrupción.

Evitando la duplicidad de servicios y choques entre estos entes. 

Esta oficina estaría velando por la autonomía de cada una de las oficinas fiscalizadoras existentes, siendo proactiva en todas sus gestiones y fomentando que todas las agencias concernidas lo sean.

Trabajaremos de la mano con la Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia para la pronta detección de violaciones a la ley y fortaleceremos la inmediatez en los procesos para evitar el encubrimiento y la impunidad. Desarrollaremos una cultura de compromiso, cumplimiento y consecuencias. 

Crearemos un comité independiente, compuesto por ciudadanos, el cual fungirá como organismo investigativo con facultad para referir al Departamento de Justicia violaciones de ley, delitos que no hayan prescrito, corruptos, corruptores y corruptibles, a los fines de garantizar que no habrá impunidad y comenzar a crear una cultura de voluntad y consecuencias en contra de la corrupción.

Selección de oficiales electos y nombrados por el Gobernador

Estableceremos un proceso metódico para la selección de los secretarios y jefes de agencia y asesores y ayudantes del Gobernador, que incluya evaluaciones estandarizada y periódicas durante el cuatrienio. Los oficiales electos deberán comprometerse y ser proactivos en la prevención, detección y notificación de actos de corrupción.

 

Investigación

Auspiciaremos iniciativas de investigación científica de la academia y organizaciones no gubernamentales que aporten al proceso de prevención y detección temprana de la corrupción.
 

Aumentaremos los recursos en el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental, destinados a ampliar la lucha en contra la corrupción. A su vez, toda contratación gubernamental será evaluada por la Oficina del Gobernador para asegurarse el cumplimiento con las disposiciones aplicables.
 

Protección para las personas que denuncien actos de corrupción
Fortaleceremos el programa de “whistleblowers”, en vías de proteger de represalias a los empleados públicos, y cualquier otra persona, que denuncien actos de corrupción. Mejoraremos y monitorearemos los mecanismos para recibir información de los servidores públicos sobre posibles actos de corrupción.   

Capacitación para los jefes de agencia

Ampliaremos la capacitación obligatoria ofrecida a los servidores públicos sobre la Ética Gubernamental y la sana administración de los recursos públicos, especialmente a los secretarios y jefes de agencia.
 

Revisión de financiamiento de campañas

Revisaremos la ley para el financiamiento de campañas políticas para insertar medidas que ayuden a desalentar el inversionismo político, mientras se respeta el derecho de libertad de asociación y el espacio democrático de las minorías. 

Oficina del Inspector General

Reinstituiremos la Oficina del Inspector General, la cual será un ente independiente y fiscalizador. El mismo trabajará de manera proactiva, con absoluta imparcialidad y objetividad, asegurando el buen desempeño de una labor fiscalizadora y eliminando el riesgo de la falta de independencia de criterio, objetividad y posible conflicto de interés al realizar las investigaciones. 

La Oficina se encargará de medir la eficiencia y efectividad de las agencias gubernamentales con el propósito de tomar medidas preventivas ante un posible escenario de actividades corruptivas. 

El enfoque principal de la Oficina será la prevención, investigación sobre fraude, auditorías, integridad pública, auditorías federales, auditorías en sistemas de información, rea de evaluación y prevención, junto a cualquier otro delegado.

Debido a la naturaleza sensitiva de sus funciones, la Oficina tendrá autonomía operacional e independencia del resto de las agencias, departamentos y agencias gubernamentales.  La Oficina tendrá acceso a toda la información y a los documentos relacionados al presupuesto y a las operaciones de todas las agencias gubernamentales.
Transparencia Total (Freedom of Information Act criollo)
El Gobierno ha demostrado que no puede cumplir con sus obligaciones de proveer fácil acceso a la información pública. Se ha estudiado y comprobado que una mayor transparencia gubernamental genera múltiples beneficios incluyendo una disminución de los niveles de corrupción y un mayor desarrollo económico.

La transparencia gubernamental consiste en un acceso fácil, eficiente, consistente y confiable a la información pública, ya sean datos o documentos. Aunque, la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, según enmendada, al día de hoy se continúan litigando y resolviendo casos en contra del Gobierno para lograr su plena implementación. 

A estos efectos, se aprobará e impulsará una nueva ley de acceso a la información pública y liberaremos la información financiera y operacional. Su implementación será coordinada de manera centralizada para todo el gobierno, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios. 

Lograremos la digitalización y publicación en líneas de todos los documentos y trámites públicos. Además, promoveremos un gobierno 100% digital en cuatro (4) años, incluyendo un nuevo sistema financiero y de recursos humanos que integre a todas las agencias del gobierno. 

Lograremos plena divulgación pública de los datos gubernamentales. La transparencia gubernamental impulsa el desarrollo económico y es esencial para evitar la corrupción.

Además, publicaremos las proyecciones del gobierno y mantendremos al pueblo informado sobre planes, progreso y resultado de promesas de campaña, obras en proceso, entre otros.

Buscaremos atraer al pueblo de Puerto Rico en el quehacer gubernamental y ganar nuevamente la confianza del pueblo.



Externalizar la Rendición de Cuentas

Estableceremos una entidad sin fines de lucro que evalúe el impacto financiero de toda medida y reporte las métricas de desempeño. Ante los efectos nefastos en la economía, el crédito de Puerto Rico y frente a un gobierno que oculta su información financiera, aumentaremos la transparencia total en la data gubernamental, externalizando su función de publicar los datos públicos y estableciendo una política pública de “libros abiertos y cuentas claras”. 
 

Es crítico conocer al pueblo para poder tomar las mejores decisiones de política pública. Las métricas y los datos son parte importante de ese análisis, pero vivimos en un Puerto Rico donde las métricas no son confiables o no existen y en nuestro gobierno eso cambiará. 

Externalizaremos los datos, para que estén al día, que sean accesibles a todos y tengan credibilidad. La externalización de transparencia y el acceso a datos y documentos públicos con rendición de cuentas serán fundamental en nuestra administración. 

La transparencia gubernamental genera un sinnúmero de beneficios incluyendo una disminución en los niveles de corrupción y un mayor desarrollo económico.

Maximización de la tecnología para identificar posibles conflictos éticos

Los sistemas mecanizados permiten eliminar errores que se cometen por la simple intervención del ser humano, por eso es necesario el uso de la tecnología para minimizarlos o eliminarlos.
La tecnología también permite identificar de forma automática ciertas transacciones para que sean traídas a la atención de la persona correspondiente cuando ocurran.

 A manera de ejemplo, un sistema automatizado puede identificar cuando se le hayan realizado a una subasta cambios en ordenes que sobre pasen el 10% del precio subastado, otros ejemplos son: contratación de un familiar, contratación de una persona que haya donado en la campaña, cuando una persona sobrepase el límite de donaciones anuales, cuando un ex funcionario público sea contratado en un periodo menor al dispuesto por ley nuevamente por el Gobierno, entre otros tantos ejemplos. La información se encuentra disponible en distintas fuentes del Gobierno.

 A mediano plazo nos proponemos el desarrollo de un sistema que obtenga información de distintos sistemas y fuentes gubernamentales y la correlacione para poder identificar de forma automática de las situaciones antes mencionadas. 

Transformación del Sistema de Compras del Gobierno

El nivel de gasto en la compra de bienes y servicios por parte del gobierno es excesivo. La falta de planificación estratégica en torno a dichas compras y contrataciones limita las oportunidades para atender este problema.

 No existe aún un medio efectivo de medición y análisis de datos que permita generar informes adecuados sobre los bienes adquiridos y los servicios contratados por parte del Gobierno de Puerto Rico. Otro problema es la existencia de sobre 188 reglamentos de compras gubernamentales.

La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad en los procesos, hacen el terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias.

Para atender esta seria problemática, proponemos un nuevo modelo para la compra de bienes y servicios por parte del gobierno, enmarcado dentro de los principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Reformaremos el proceso de compras de bienes y servicio del gobierno y lo convertiremos en una herramienta de desarrollo económico.

 
Propondremos legislación para uniformar el marco jurídico del proceso de compras, subastas formales, revisión judicial y resolución de querellas. 
Simplificaremos la estructura reglamentaria de manera que estimule la participación de nuevos licitadores y permita fiscalizar efectivamente el proceso de compras en todas sus vertientes.

Utilizaremos los avances tecnológicos para crear un innovador y nuevo sistema que enlace el proceso de compras gubernamentales con el presupuesto. La nueva plataforma tecnológica utilizará las mejores prácticas administrativas con el objetivo de lograr economía procesal, controlar el gasto público y obtener mejores ofertas.

 
Estableceremos un programa centralizado de administración de datos, reportes y estadísticas relacionadas con compras, subastas y contrataciones de las agencias. Implementaremos un programa de capacitación especializado en adquisiciones gubernamentales para servidores públicos con funciones relacionadas a la adquisición de bienes y servicios.

Implantaremos un sistema de controles internos y fiscalización centralizada mediante tecnología que velará por el cumplimiento de las garantías mínimas procesales que habrán de aplicar en todo el Gobierno. 

En la medida que se adopten normas administrativas uniformes con un conjunto de mejores prácticas de compras y contratación, acompañadas de garantías procesales de participación que les sirvan a los licitadores con operaciones sustanciales en Puerto Rico activar reclamaciones en foros especializados, se devuelve la confianza en el sector público, a la vez que aportamos a la meta de una sana administración pública.

Responsabilidad. El nuevo sistema tendrá mecanismos de responsabilidad para todos los funcionarios a cargo de los procesos de compra en caso de incumplimiento u omisión, y la identificación de posibles situaciones de conflicto automática, con un protocolo de pesos y contrapesos estricto que dificulte la manipulación de los procesos. 

​Salud como derecho constitucional, promete Rosselló

 Dr. Ricardo Rosselló Nevares

“Compromiso con Puerto Rico, una alternativa estratégica para el verdadero progreso de nuestra Isla y su gente.
Por más de cuatro años hemos trabajado arduamente para plasmar, junto al Pueblo, un plan para Puerto Rico, una hoja de ruta que ciertamente hará resurgir el gran espíritu de lucha por la igualdad que siempre nos ha distinguido como pueblo. 

 

Este plan es el producto de un excelente equipo de trabajo que, al igual que tú, está convencido que Sí existen alternativas, que Sí podemos gobernarnos con respeto y transparencia, que Sí podemos lograr un mejor futuro para nuestras próximas generaciones y, sobre todo, que Sí podemos ver realizados los sueños de acabar con el estatus colonial y encaminarnos hacia la Estadidad”.


Salud Derecho Constitucional

Previo a la reforma de salud del 1993, Puerto Rico vivía bajo un sistema de salud prácticamente dividido en dos, uno para las personas indigentes y uno para los que pudiesen pagar un mejor servicio.

 La situación de salud para el pueblo en general era deplorable. Por ejemplo, apenas solo el 34% de los niños tenían acceso a las vacunas requeridas.

La tasa de mortandad infantil era altísima y pacientes fallecían en camillas esperando por atención médica básica o por un especialista. Por tal razón, como pueblo tomamos la decisión de realizar cambios radicales a nuestro sistema bajo la reforma de la tarjeta de salud. 

Ya para el 2000, virtualmente todos en Puerto Rico gozaban de una cobertura de seguro médico. Lamentablemente, con el cambio de gobierno en el 2001, unos trescientos mil beneficiarios de salud se quedaron sin su seguro médico por decisiones de la administración de turno. 

Un pueblo saludable es un pueblo productivo. Por eso, proponemos un sistema de salud donde el paciente sea primero y donde el derecho de acceso a la salud tenga rango constitucional. 

Dicha propuesta es piedra angular de nuestro plan para el área de la salud, por lo que resulta vital analizar la estructura administrativa para recortar gastos. En nuestra administración contaremos con métricas claras para poder medir el éxito de las iniciativas. 

En el área de salud existen indicadores probados para determinar la salud de un pueblo:
1. Calidad de Agua
2. Saneamiento 
3. Prevención

 
4. Sistema de Servicios de Salud
5. Medicina Moderna
6. Acceso a Médicos
 

Existen varios modelos de sistemas de salud implementados en diferentes jurisdicciones. El modelo de pagador único que se utiliza en Canadá, aunque en principio puede tener sus aspectos positivos, resulta muy costoso. Por otro lado, está el modelo de Gran Bretaña del gobierno como proveedor único. 

También existen otros modelos en el cual el gobierno simplemente no interviene. 
Distintos tipos de modelos:
1. Pagador Único (ej. Canadá)
2. Proveedor Único (ej. Gran Bretaña)
3. Ninguna intervención (Países de Desarrollo Limitado)
 4. Mixto

El modelo local busca combinar aspectos de estos diversos modelos. Entendemos que el gobierno debe pagar a sus proveedores y debe recibir y redirigir los fondos para personas y poblaciones indigentes. Por su parte, el sector privado debe jugar un rol también y las aseguradoras deben dar precios competitivos. 

El ciudadano también debe tener un grado de responsabilidad utilizando adecuadamente los servicios y cumpliendo de manera personal y responsable con medidas de prevención.

 Por ejemplo, en el área de la diabetes provocada por la obesidad, una dieta balanceada, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable reducen los efectos nocivos de esta condición. 

Ocupamos la segunda posición a nivel mundial en obesidad, siendo la primera jurisdicción de Estados Unidos más obesa. 

Nuestro modelo está fundamentado en cuatro fases, estas son:
1. Predicción

2. Prevención

3. Tratamiento

4. Rehabilitación

En la primera fase de la predicción, el uso de la tecnología nos permite monitorear los indicadores de salud de la población. Hemos propuesto el programa de Fitness Gram en la cual a los estudiantes se le miden ciertos parámetros de salud para establecer que posibles factores afecten la salud. 
También proponemos iniciativas como Afterschool All Star para establecer programas de ejercicio y de deportes en las escuelas. 

La segunda fase de la prevención es vital en nuestro modelo para establecer un estándar de prevención claro en enfermedades comunes en nuestra sociedad y de esta forma poder anticipar. 

Es en la tercera fase de tratamiento y curación donde se encuentran los altos costos y donde mayor oportunidad tenemos de reducir costos si implementamos efectivamente mecanismos de prevención.
 

La rehabilitación, última de las cuatro fases, se trata de restituir lo mejor posible las funciones normales del paciente que hayan sido afectadas por la mala condición de salud previa.

 En muchas instancias, la rehabilitación la practican médicos terciarios con el insumo de médicos primarios. Para facilitar este intercambio entre profesionales de la salud, proponemos también el uso de la tecnología a través de la telemedicina como herramienta para lograr el éxito de un tratamiento o una rehabilitación. 

Atender la salud en Puerto Rico a través de esta estrategia salubrista nos permitirá ser más eficientes con los recursos limitados que tenemos. 


Puerto Rico una sola región para los servicios de salud
Propondremos una enmienda al plan estatal vigente ante el Gobierno Federal para que Puerto Rico se convierta en una sola región que permita flexibilidad al paciente para escoger dónde y cómo se dan los servicios.

 El esfuerzo de asegurar, además de recaer en las aseguradoras, también recaerá en grupos médicos y cooperativas que podrán competir en igualdad de condiciones, asumiendo el riesgo y aumentando la competencia, lo que tendrá como resultado la reducción en el gasto administrativo. 

Esta regla no impedirá el establecimento de acuerdos, con municipios o proveedores capaces de brindar servicios óptimos a poblaciones o zonas particulares. Se tendrá como principio básico la competencia por la preferencia del paciente entre las diversas alternativas de cobertura y servicios certificados. 
 

Fortalecimiento de regulación y supervisión

 

Auscultaremos nuevos modelos de contratación acordes con la regulación federal y estatal que redunde en mejor acceso a servicios de calidad para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG).

 Resulta imperativo que el Gobierno ejerza sus facultades o, de ser necesario, se le otorguen facultades adicionales para, por ejemplo, poder revisar las determinaciones de sacar algún médico de la red o, de ser necesario, negociar con la aseguradora la inclusión de aquel proveedor que esté disponible para ser contratado bajo los mismos términos y condiciones que los demás proveedores de la red. 

Enfoque de servicios médicos 


Definiremos el rol que jugarán las instituciones de servicios médicos públicos dentro del modelo de prestación de servicios del Plan de Salud del Gobierno y estableceremos la manera en que se dará la contratación de las mismas.
 Propulsaremos una reforma estructural y administrativa de las facilidades hospitalarias que componen el Centro Médico, con la posibilidad de involucrar Alianzas Público Privadas. Participativas en el proceso. 

Convertiremos el Centro de Trauma del Centro Médico en un Sistema de Primer Orden y establecer Centros de Trauma Satélites privados alrededor de la Isla para garantizar acceso a este tipo de servicio especializado y disminuir la excesiva carga del Centro Médico.


Defensa del Paciente


Fortaleceremos la fiscalización y el monitoreo del cumplimiento con las disposiciones del Código de Seguros de Salud de Puerto Rico, para asegurarnos que las querellas presentadas por los pacientes sobre el cuidado de su salud sean atendidas adecuadamente. 

Red amplia de proveedores


Permitiremos la competencia entre proveedores para que sea el paciente quien decida, de acuerdo a la calidad de los servicios, el proveedor de su preferencia. Lo anterior tendrá el efecto de reducir, entre otros, los gastos administrativos. 

Responsabilidades compartidas


Todos los participantes del sistema de salud tendrán parte de responsabilidad en la estructura que estableceremos. El Gobierno estará a cargo del financiamiento de un seguro para las poblaciones vulnerables y de un subsidio para las personas de escasos recursos, pero que vivan sobre el nivel de pobreza.

 Por su parte, el sector privado deberá proveer seguros de manera más justa y a precio competitivo, proveer los servicios de salud de forma adecuada, no tan solo para el paciente, sino para los proveedores.

 Finalmente, la persona tendrá la responsabilidad por su salud, tener un estilo de vida saludable, reducir la exposición a peligros. El enfoque será en la medicina primaria. Afirmamos que nuestra propuesta para la salud es una basada en la justicia social y la eficiencia económica, la cual permitirá al Gobierno tener un rol fiscalizador efectivo. 

Costo de medicamentos


Hemos visto una inflación en el costo de los medicamentos genéricos. Utilizando mejores prácticas, vamos a buscar establecer legislación que permitirá ver cuáles son los gastos de las compañías que producen estos medicamentos y que puedan tener sus ganancias saludables, sin afectar a los pacientes. Este tipo de legislación se conoce como Drug Transparency Acts. 

SCIMED


El Sistema de compra inteligente de medicamentos consiste en un ente centralizado para comprar al por mayor los medicamentos, que nos permitirá analizar la demanda de medicamentos y determinar cuáles son los de mayor consumo para comprarlos y así pasar ahorros a la población. Esta iniciativa será desarrollada junto a varios elementos del sector privado para asegurarnos de abaratar los costos de los medicamentos en Puerto Rico. 

Regulación de Administradores de Beneficios de Farmacia. Resulta necesario regular cada eslabón de la cadena de producción y dispensa de medicamentos para asegurarnos de obtener los menores precios posibles en beneficio del paciente. 

Éxodo de médicos


Enfrentamos una crisis severa con la alarmante cantidad de médicos especializados y profesionales relacionados al campo de la salud que se están yendo de Puerto Rico. 

El éxodo masivo de médicos no se debe exclusivamente a áreas relacionadas con la salud, sino que también se debe a la calidad de vida, recursos disponibles, crisis fiscal, desconfianza e inestabilidad que vivimos hoy. 

Para atender ese éxodo no debemos limitarnos a las propuestas aquí mencionadas, sino que nuestro Programa de Gobierno en su totalidad permitirá abonar a la retención de estos profesionales. 

Tasa contributiva especial


Ofreceremos a los médicos una tasa contributiva de cuatro por ciento (4%) a cambio de vivir y trabajar en Puerto Rico y de realizar una cantidad mínima de horas comunitarias. La ventana para acogerse a esta tasa contributiva será de dos años y tendrá una duración de hasta 15 años, y tendrá además cero contribuciones en la distribución de dividendos. 

Licenciamiento y Disciplina Médica


Revaluaremos las herramientas de medición de conocimientos y destrezas para la admisión a la práctica de la medicina en Puerto Rico. Redefinir los criterios de evaluación para médicos que hayan estudiado en otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos. 
Evaluaremos el desempeño de la Junta Examinadora de Profesionales de la Salud para asegurar que la metodología utilizada para la examinación de profesionales sea una justa y atemperada a la realidad actual de la profesión médica en Puerto Rico. 

Arbitraje para casos de impericia


Viabilizaremos la adopción de un modelo de arbitraje de impericia donde personal con peritaje legal y médico evalúe los casos que le sean presentados de forma adecuada y razonable.  Un comité multisectorial evaluará métodos de implementación y la viabilidad de introducir topes razonables que valoren justamente el sufrimiento del perjudicado. 

Salud para todos



Ampliaremos los programas de unidades móviles de salud para llevar servicios de salud a lugares distantes de nuestros campos y barrios. Trabajaremos para establecer más acueductos comunitarios en los barrios donde sean requeridos. Incentivaremos el uso de la tecnología como Telemedicina, y Teleradiología a través de hospitales o grupos médicos para que ofrezcan los mismos a los municipios más alejados de Puerto Rico, o hasta las islas municipio de Vieques y Culebra.

Salud Mental


En el ámbito de la salud mental se establecerán protocolos e incentivaremos la colaboración a través del cuidado continúo utilizando modelos ya existentes que proveen completa coordinación entre los diferentes niveles de cuidado, ambulatorios de siquiatras, psicólogos, generalistas, trabajadores sociales, consejeros en adicción, servicios de enfermería (Centro Primario de Salud Mental), programas de hospitalización parcial, hospitalización aguda psiquiátrica y abuso de sustancias.

 ASES deberá establecer programas eficientes de monitoreo y cumplimiento con los modelos coordinados de integración de salud física y mental e incorporar las herramientas que sean necesarias para lograr este propósito. 

Los programas de integración deberán hacer énfasis en aquellos pacientes con condiciones crónicas de salud física que a su vez presenten condiciones de salud mental, que de no ser intervenidos a tiempo y con las herramientas adecuadas pudiera convertirse en “súper utilizadores” de servicios de salud. Se prioritizará programas de detección temprana en niños que pudieran reflejar padecimiento de condiciones mentales.
 

Cannabis Medicinal 


Se aprobará e implementará la Ley para el Programa de Investigación, Regulación y Dispensación del Cannabis medicinal para pacientes certificados. De igual forma se establecerán los estatutos para la regulación de los productos de cáñamo medicinal identificando de forma clara la diferencia entre productos derivados de cannabis y productos de cáñamo medicinal. 

Una vez aprobado el nuevo marco regulatorio según descrito, se derogarán la orden ejecutiva y el reglamento actual 8766 para la dispensación del Cannabis Medicinal. 

Utilización adecuada de los recursos


Tenemos un grave problema de sobreutilización de los servicios de salud y lentitud en el sistema de referidos. Para atender esta situación, integraremos a los grupos médicos a nivel primario y terciario en un híbrido del sistema electrónico de pago, para así lograr mayor rapidez en los referidos.

 La integración electrónica de los sistemas nos permitirá identificar la sobreutilización, particularmente el abuso de los servicios de emergencia, lo que conlleva un gasto excesivo e innecesario. La calidad en el servicio la obtendremos implementando tan pronto sea posible, el Medicaid Management Information System (MMIS), el cual consiste en un sistema computarizado que permite y facilita la mecanización de los procesos y reclamaciones.

Recursos adicionales – Nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González Colón, será la responsable, junto a todo nuestro equipo de trabajo, de conseguir paridad en los fondos de Medicaid y Medicare, lo que allegará cerca de $3,000 millones adicionales para el sistema de salud de Puerto Rico .


Turismo Médico  


La Reglamentación adoptada por agencias del gobierno no permiten a los médicos y las instituciones de salud entrar en arreglos contractuales con turistas que quieran tratarse en la Isla. 

 Los costos de servicios médicos en Puerto Rico tienden a proveerse a un costo de aproximadamente un tercio del costo en los Estados Unidos. A la misma vez, nuestros médicos y otros profesionales de la salud proveen un servicio de calidad igual al provisto en el resto de los Estados Unidos.
 

Aprobaremos legislación especial para garantizarle a nuestros médicos e instituciones de salud la libertad contractual para entrar en aquellos arreglos que entiendan necesarios con turistas que lleguen a la isla a recibir servicios médicos. Igualmente, enmendaremos la Ley 20-2012 para incluir expresamente los servicios a turistas médicos y facilidades de telemedicina. 

Se crearán Zonas de Interés de Turismo Médico que permitirán adaptar facilidades existentes para que puedan ser certificadas como hospederías para los pacientes y familiares que utilicen a Puerto Rico como destino de turismo médico. 

Estableceremos un mercado inmobiliario para este tipo de visitante a Puerto Rico aprovechando las cercanías de las instalaciones hospitalarias o centros de tratamiento, además como lugares de interés sugeridos para actividades familiares del paciente.

​Jenniffer González presenta su plan federal  a favor de la mujer

Como presidenta de la Cámara de Representantes, dentro del Caucus de la Mujer trabajamos directamente con atender la problemática de violencia domestica y continuaré en la capital federal abogando por el Igual trato en los programas para luchar este mal social”,  añadió González Colón.

San Juan, Puerto Rico- La candidata a comisionada residente,  Jenniffer González Colón, presentó parte de su agenda federal en Washington enfocada a favor de la mujer.

“Octubre es el mes dedicado a aunar esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. Siendo la primera mujer Comisionada trabajaré para hacer justicia social y conseguir que Puerto Rico accese los fondos y  los recursos necesarios para una lucha frontal contra la violencia contra las mujeres”, indicó González Colón.

Según los números de la División de Estadísticas de la Policía de Puerto Rico, para el 30 de junio de 2016, se habían reportado unos 4,368 incidentes de violencia doméstica, con un promedio de 24 incidentes diarios.

Desde el 2010 hasta el 31 de agosto de 2016, 93 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros consensuales o sus exparejas, y en el 2015 se presentaron 17,646 órdenes de protección. Puerto Rico ocupa el puesto número doce a nivel mundial en asesinatos por violencia de pareja per cápita.

“En muchos de los fondos federales dirigidos para programas diseñados para lidiar y trabajar con la violencia de género, principalmente, aquella perpetrada contra la mujer, recibimos cantidades que resultan ínfimas tomando en consideración nuestra población y la lamentable incidencia en casos de violencia doméstica.  En otros, ni tan siquiera recibimos fondos”, informó la portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes.

“Las propuestas que presento hoy, son el resultado del dialogo que hemos sostenido con diversas entidades del tercer sector que atienden a las víctimas de violencia familiar. Como presidenta de la Cámara de Representantes, dentro del Caucus de la Mujer trabajamos directamente con atender la problemática de violencia domestica y continuaré en la capital federal abogando por el Igual trato en los programas para luchar este mal social”,  añadió González Colón.

“Estas iniciativas federales van de la mano con las propuestas incluidas en el Plan para Puerto Rico que por más de cuatro años el doctor Ricardo Rosselló y nuestro equipo de trabajo han desarrollado.

Incluyen: compromiso para lograr la equidad en los centros de trabajo logrando igual paga por igual trabajo, también compromiso con proveerles cuido infantil como respaldo a que puedan cumplir tranquilamente con sus responsabilidades de familia y trabajo; programa Nuevo Comienzo para ayudar a las mujeres víctimas de violencia domestica y poblaciones marginadas y vulnerables mediante la asistencia para el pago de alquiler de residencia. 

También incluye la propuesta de Maletín Empresarial para la Mujer, para eliminar obstáculos en su desarrollo profesional y otras iniciativas adicional para atender el problema de violencia doméstica, evitarla y poder reducir la incidencia”, añadió González Colón.

STOP Violence Against Women Formula Grant provee fondos para desarrollar y fortalecer una respuesta efectiva contra los casos de agresión sexual, violencia doméstica, violencia entre parejas y acecho; también, busca que los ofensores sean responsables por su comportamiento violento.

Sexual Assault Services Program (SASP) provee fondos para la intervención directa y la asistencia a las víctimas de agresión sexual; daría énfasis a estrategias dirigidas a la intervención directa a las víctimas de violencia sexual en áreas en que hay incidencia por factores culturales, así como a la respuesta a las necesidades inmediatas y a largo plazo de las víctimas.

Rural Sexual Assault, Domestic Violence, Dating Violence and Stakling Program provee fondos para trabajar con las zonas rurales pues en ellas se dificulta la prestación de servicios para erradicar la violencia debido a: aislamiento geográfico, barreras para la transportación, estructura económica, presiones sociales y culturales, falta de servicios para atender las necesidades complejas que presentan estas comunidades.

Se señala que el 3% de todas las víctimas servidas con fondos bajo el programa tienen al menos 60 años o más, mientras que el Censo del 2010 reflejó que el 17.2% de los Americanos con 65 años o más, residen fuera de las áreas metropolitanas.  Por eso, la propuesta da prioridad a la población adulta mayor. 
También se identificó la necesidad de que los fondos se utilicen para servicios dirigidos a los inmigrantes.

Enhanced Training and Services to End Abuse in Later Life Program provee fondos para adiestrar a los profesionales del sistema de justicia criminal para mejorar sus habilidades y así manejar los casos de abuso, negligencia, explotación contra nuestros adultos mayores.

Esta situación resulta preocupante ante la realidad  que vive nuestra Isla y el aumento en la población de los adultos mayores que es cerca de 582,130 o el 16% de un estimado total de 3,638,965 habitantes y se estima un aumento al 18%.

Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Sexual Assault, Domestic Violence, Dating Violence and Stalking provee asistencia a las víctimas de agresión sexual, violencia doméstica, violencia entre parejas y acecho, que tienen la necesidad de una vivienda transicional, vivienda temporera y servicios de apoyo relacionados.

Grants to Encourage Arrest and Enforcement of Protection Orders Program promueve acuerdos entre estados, gobiernos locales, tribunales, proveedores de servicios a víctimas y centros de asistencia para víctimas de violación, para asegurar que los casos de agresión sexual, violencia doméstica, violencia entre parejas y acecho sean tratados como delitos graves, que requiere el envolvimiento total del sistema de justicia criminal y las organizaciones de base comunitaria que presta servicios a las víctimas.

 Estos fondos sirven a su vez para implementar programas y políticas sobre los arrestos, incluyendo políticas sobre la violación a las órdenes de protección y el cumplimiento de las mismas a través de los estados, fortalecer los servicios de asesoría legal y otros servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo asuntos de inmigración, entre otros así como coordinar los sistemas computarizados y proveer adiestramiento adecuado para mejorar y asegurar la comunicación interagencial .

“De contar con estos fondos, estaríamos en posición de mejorar nuestro sistema de rastreo de la supervisión electrónica y evitar que las víctimas de violencia doméstica pierdan su vida o sea nuevamente víctimas de algún tipo de agresión por parte de los ofensores”, añadió la expresidenta cameral.

Executive Order — Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events

The White House

Office of the Press Secretary

For Immediate Release

Executive Order — Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events

EXECUTIVE ORDER
COORDINATING EFFORTS TO PREPARE THE NATION FOR SPACE WEATHER EVENTS

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, and to prepare the Nation for space weather events, it is hereby ordered as follows:
Section 1. Policy. Space weather events, in the form of solar flares, solar energetic particles, and geomagnetic disturbances, occur regularly, some with measurable effects on critical infrastructure systems and technologies, such as the Global Positioning System (GPS), satellite operations and communication, aviation, and the electrical power grid. Extreme space weather events — those that could significantly degrade critical infrastructure — could disable large portions of the electrical power grid, resulting in cascading failures that would affect key services such as water supply, healthcare, and transportation. Space weather has the potential to simultaneously affect and disrupt health and safety across entire continents. 

Successfully preparing for space weather events is an all-of-nation endeavor that requires partnerships across governments, emergency managers, academia, the media, the insurance industry, non-profits, and the private sector.

It is the policy of the United States to prepare for space weather events to minimize the extent of economic loss and human hardship. 

The Federal Government must have (1) the capability to predict and detect a space weather event, (2) the plans and programs necessary to alert the public and private sectors to enable mitigating actions for an impending space weather event, (3) the protection and mitigation plans, protocols, and standards required to reduce risks to critical infrastructure prior to and during a credible threat, and (4) the ability to respond to and recover from the effects of space weather. 
Executive departments and agencies (agencies) must coordinate their efforts to prepare for the effects of space weather events.

Sec. 2. Objectives. This order defines agency roles and responsibilities and directs agencies to take specific actions to prepare the Nation for the hazardous effects of space weather. These activities are to be implemented in conjunction with those identified in the 2015 National Space Weather Action Plan (Action Plan) and any subsequent updates. Implementing this order and the Action Plan will require the Federal Government to work across agencies and to develop, as appropriate, enhanced and innovative partnerships with State, tribal, and local governments; academia; non-profits; the private sector; and international partners.

 These efforts will enhance national preparedness and speed the creation of a space-weather-ready Nation.

Sec. 3. Coordination. (a) The Director of the Office of Science and Technology Policy (OSTP), in consultation with the Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism and the Director of the Office of Management and Budget (OMB), shall coordinate the development and implementation of Federal Government activities to prepare the Nation for space weather events, including the activities established in section 5 of this order and the recommendations of the National Science and Technology Council (NSTC), established by Executive Order 12881 of November 23, 1993 (Establishment of the National Science and Technology Council).
(b) To ensure accountability for and coordination of research, development, and implementation of activities identified in this order and in the Action Plan, the NSTC shall establish a Space Weather Operations, Research, and Mitigation Subcommittee (Subcommittee).

 The Subcommittee member agencies shall conduct activities to advance the implementation of this order, to achieve the goals identified in the 2015 National Space Weather Strategy and any subsequent updates, and to coordinate and monitor the implementation of the activities specified in the Action Plan and provide subsequent updates.

Sec. 4. Roles and Responsibilities. To the extent permitted by law, the agencies below shall adopt the following roles and responsibilities, which are key to ensuring enhanced space weather forecasting, situational awareness, space weather preparedness, and continuous Federal Government operations during and after space weather events.

(a) The Secretary of Defense shall ensure the timely provision of operational space weather observations, analyses, forecasts, and other products to support the mission of the Department of Defense and coalition partners, including the provision of alerts and warnings for space weather phenomena that may affect weapons systems, military operations, or the defense of the United States.

(b) The Secretary of the Interior shall support the research, development, deployment, and operation of capabilities that enhance the understanding of variations of the Earth’s magnetic field associated with solar-terrestrial interactions.

(c) The Secretary of Commerce shall:
(i) provide timely and accurate operational space weather forecasts, watches, warnings, alerts, and real-time space weather monitoring for the government, civilian, and commercial sectors, exclusive of the responsibilities of the Secretary of Defense; and
(ii) ensure the continuous improvement of operational space weather services, utilizing partnerships, as appropriate, with the research community, including academia and the private sector, and relevant agencies to develop, validate, test, and transition space weather observation platforms and models from research to operations and from operations to research.

(d) The Secretary of Energy shall facilitate the protection and restoration of the reliability of the electrical power grid during a presidentially declared grid security emergency associated with a geomagnetic disturbance pursuant to 16 U.S.C. 824o-1.

(e) The Secretary of Homeland Security shall:
(i) ensure the timely redistribution of space weather alerts and warnings that support national preparedness, continuity of government, and continuity of operations; and
(ii) coordinate response and recovery from the effects of space weather events on critical infrastructure and the broader community.

(f) The Administrator of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) shall:
(i) implement and support a national research program to understand the Sun and its interactions with Earth and the solar system to advance space weather modeling and prediction capabilities applicable to space weather forecasting;
(ii) develop and operate space-weather-related research missions, instrument capabilities, and models; and
(iii) support the transition of space weather models and technology from research to operations and from operations to research.

(g) The Director of the National Science Foundation (NSF) shall support fundamental research linked to societal needs for space weather information through investments and partnerships, as appropriate.

(h) The Secretary of State, in consultation with the heads of relevant agencies, shall carry out diplomatic and public diplomacy efforts to strengthen global capacity to respond to space weather events.

(i) The Secretaries of Defense, the Interior, Commerce, Transportation, Energy, and Homeland Security, along with the Administrator of NASA and the Director of NSF, shall work together, consistent with their ongoing activities, to develop models, observation systems, technologies, and approaches that inform and enhance national preparedness for the effects of space weather events, including how space weather events may affect critical infrastructure and change the threat landscape with respect to other hazards.

(j) The heads of all agencies that support National Essential Functions, defined by Presidential Policy Directive 40 (PPD-40) of July 15, 2016 (National Continuity Policy), shall ensure that space weather events are adequately addressed in their all-hazards preparedness planning, including mitigation, response, and recovery, as directed by PPD-8 of March 30, 2011 (National Preparedness).

(k) NSTC member agencies shall coordinate through the NSTC to establish roles and responsibilities beyond those identified in section 4 of this order to enhance space weather preparedness, consistent with each agency’s legal authority.

Sec. 5. Implementation. (a) Within 120 days of the date of this order, the Secretary of Energy, in consultation with the Secretary of Homeland Security, shall develop a plan to test and evaluate available devices that mitigate the effects of geomagnetic disturbances on the electrical power grid through the development of a pilot program that deploys such devices, in situ, in the electrical power grid.

 After the development of the plan, the Secretary shall implement the plan in collaboration with industry. In taking action pursuant to this subsection, the Secretaries of Energy and Homeland Security shall consult with the Chairman of the Federal Energy Regulatory Commission.

(b) Within 120 days of the date of this order, the heads of the sector-specific agencies that oversee the lifeline critical infrastructure functions as defined by the National Infrastructure Protection Plan of 2013 — including communications, energy, transportation, and water and wastewater systems — as well as the Nuclear Reactors, Materials, and Waste Sector, shall assess their executive and statutory authority, and limits of that authority, to direct, suspend, or control critical infrastructure operations, functions, and services before, during, and after a space weather event. The heads of each sector-specific agency shall provide a summary of these assessments to the Subcommittee.

(c) Within 90 days of receipt of the assessments ordered in section 5(b) of this order, the Subcommittee shall provide a report on the findings of these assessments with recommendations to the Director of OSTP, the Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism, and the Director of OMB. The assessments may be used to inform the development and implementation of policy establishing authorities and responsibilities for agencies in response to a space weather event.

(d) Within 60 days of the date of this order, the Secretaries of Defense and Commerce, the Administrator of NASA, and the Director of NSF, in collaboration with other agencies as appropriate, shall identify mechanisms for advancing space weather observations, models, and predictions, and for sustaining and transitioning appropriate capabilities from research to operations and operations to research, collaborating with industry and academia to the extent possible.

(e) Within 120 days of the date of this order, the Secretaries of Defense and Commerce shall make historical data from the GPS constellation and other U.S. Government satellites publicly available, in accordance with Executive Order 13642 of May 9, 2013 (Making Open and Machine Readable the New Default for Government Information), to enhance model validation and improvements in space weather forecasting and situational awareness.

(f) Within 120 days of the date of this order, the Secretary of Homeland Security, through the Administrator of the Federal Emergency Management Agency and in coordination with relevant agencies, shall lead the development of a coordinated Federal operating concept and associated checklist to coordinate Federal assets and activities to respond to notification of, and protect against, impending space weather events. Within 180 days of the publication of the operating concept and checklist, agencies shall develop operational plans documenting their procedures and responsibilities to prepare for, protect against, and mitigate the effects of impending space weather events, in support of the Federal operating concept and compatible with the National Preparedness System described in PPD-8.
Sec. 6. Stakeholder Engagement. The agencies identified in this order shall seek public-private and international collaborations to enhance observation networks, conduct research, develop prediction models and mitigation approaches, enhance community resilience and preparedness, and supply the services necessary to protect life and property and promote economic prosperity, as consistent with law.

Sec. 7. Definitions. As used in this order:
(a) “Prepare” and “preparedness” have the same meaning they have in PPD-8. They refer to the actions taken to plan, organize, equip, train, and exercise to build and sustain the capabilities necessary to prevent, protect against, mitigate the effects of, respond to, and recover from those threats that pose the greatest risk to the security of the Nation. This includes the prediction and notification of space weather events.

(b) “Space weather” means variations in the space environment between the Sun and Earth (and throughout the solar system) that can affect technologies in space and on Earth. The primary types of space weather events are solar flares, solar energetic particles, and geomagnetic disturbances.

(c) “Solar flare” means a brief eruption of intense energy on or near the Sun’s surface that is typically associated with sunspots.

(d) “Solar energetic particles” means ions and electrons ejected from the Sun that are typically associated with solar eruptions.

(e) “Geomagnetic disturbance” means a temporary disturbance of Earth’s magnetic field resulting from solar activity.

(f) “Critical infrastructure” has the meaning provided in section 1016(e) of the USA Patriot Act of 2001 (42 U.S.C. 5195c(e)), namely systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or destruction of such systems and assets would have a debilitating impact on security, national economic security, national public health or safety, or any combination of those matters.

(g) “Sector-Specific Agency” means the agencies designated under PPD-21 of February 12, 2013 (Critical Infrastructure Security and Resilience), or any successor directive, to be responsible for providing institutional knowledge and specialized expertise as well as leading, facilitating, or supporting the security and resilience programs and associated activities of its designated critical infrastructure sector in the all-hazards environment. Sec. 8. General Provisions.

(a) Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:
(i) the authority granted by law to an agency, or the head thereof; or (ii) the functions of the Director of OMB relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b) This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c) This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.
 
BARACK OBAMA
 
THE WHITE HOUSE,

October 13, 2016.

Cierre de campaña del PNP en el  Centro de Convenciones, Dr.Pedro Rosselló

Rosselló al frente en encuestas internas y externas.

El próximo domingo, 6 de noviembre, el partido que las encuestas pronostican saldrá favorecido en la gobernación con Ricardo Rosselló Nevares, y la comisaría residente con Jenniffer González, hará oficial su cierre de campaña con una actividad que se espera multitudinaria en el Centro de Convenciones.

Aparte de llevar el nombre de Pedro Rosselló, exgobernador y padre del ahora aspirante a encabezar La Fortaleza, fue elegido este distrito por simbolizar el desarrollo económico del país al convertirse en “un espacio para promover la inversión, el turismo, la creación de empleos y el desarrollo económico”, lo cual el director de campaña Elías Sánchez, catalogó como puntos esenciales de la propuesta de gobierno de Rosselló Nevares.

La actividad contará aparentemente con “muchas sorpresas” entre las cuales destacó la intervención de personas que trascienden el liderato político del partido, quienes aprovecharán la oportunidad para expresarse. Sin embargo, no quiso revelar los nombres ni detalles adicionales.

Aparte, estarán presentes todas las figuras políticas, como el exgobernador Carlos Romero Barceló quien ha colaborado activamente con la campaña y el comisario residente, Pedro Pierluisi, quien fue derrotado en las primarias a manos de Rosselló Nevares.

Según Sánchez y el secretario general del PNP, William Villafañe, la actividad de cierre será una muestra de la visión que tiene Ricardo Rosselló para Puerto Rico, distanciándose de lo tradicional y con un menú “impresionante” de música, intervenciones y endosos.

El director de campaña Sánchez aprovechó la coyuntura para invitar a la población a que reconozca en Bernier una figura antagónica que estuvo segundo al mando durante la crisis que adjudica al actual gobernador Alejandro García Padilla. Sánchez apuntó el dedo hacia Bernier por haber estado segundo al mando como secretario de Estado, y por “avalar y respaldar todo lo que ha sido el fiasco” del cuatrienio, a sus ojos.

Según las encuestas internas del PNP, Rosselló Nevares aparece en la delantera para la Gobernación, sacándole una ventaja superior a los 10 puntos a su homólogo por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier.

Sánchez defendió que los resultados de sus encuestas son similares a los publicados por rotativos del país, a diferencia de las alegaciones del director de campaña de Bernier, Ferdinand Mercado, quien ha dicho que la brecha se está cerrando y ha posicionado incluso a Bernier dos puntos por encima de Rosselló Nevares.

De las encuestas que han publicado, de las figuras claves del PNP que no salieron favorecidas, incluye a Leo Díaz para la alcaldía de San Juan, a quien Carmen Yulín Cruz Soto pareció aventajarlo con un margen holgado. Sánchez trajo a colación los contratos a la hermana del empresario convicto Anaudi Hernández para resaltar el trabajo “fiscalizador” de Díaz y para acusar a la Alcaldesa de padecer de “un grave caso de amnesia selectiva cuando tiene que ver con casos de corrupción”.